Imaginemos que décadas y décadas de historia sean borradas de las salas de un museo por una orden oficial. ¡de un museo! ,un espacio que, se supone, está ahí para conservar esa historia y compartirla.
Una bandera, una fotografía de una marcha feminista o hasta un afiche electoral pueden contar esa parte del relato que no siempre aparece en los libros o el internet.
Eso ocurrió en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. El pasado 15 de octubre se retiraron decenas de objetos relacionados con los movimientos sociales, diversidad sexual y la misma memoria política del país que no convenía al oficialismo actual.
¿No habíamos pasado ya por eso en las dictaduras? Al principio se habló de unas 30 piezas retiradas. Pero no, el listado presentado por el ante un juzgado registró 63 elementos retirados, de los cuales 22 fueron clasificados como piezas patrimoniales. Los demás correspondían a objetos en comodato, facsímiles y materiales de apoyo museográfico.
contrarrevolución cultural
La evidente censura abrió una disputa sobre la autonomía de los museos y los límites de la intervención gubernamental. Coincidió con el anuncio de una “contrarrevolución cultural” por parte del presidente Abelardo de la Espriella, quien instruyó a su ministra Paola Holguín a retirar de los espacios públicos las representaciones que calificó como “apología del terrorismo”.
Según la respuesta del Ministerio al juzgado, el desmontaje se realizó en cumplimiento de una orden presidencial y afectó cinco de las 17 salas del museo. La institución sostuvo que los objetos no serían destruídos (solo eso faltaba) permanecían bajo condiciones técnicas de almacenamiento, custodia y conservación.
Las historias que salieron de las salas
Entre los objetos retirados figuraban una bandera del orgullo que perteneció a la activista Elizabeth Castillo y un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa. Además, del llamado balígrafo, una pluma elaborada a partir de una bala y utilizada para firmar el Acuerdo de Paz de 2016.
El inventario también incluyó un impreso sobre derechos reproductivos de la Fundación Si Mujer, una camiseta del Grupo de Mamás Lesbianas y materiales de una campaña de la marcha LGBT de 2006. También contempló obras de artistas como Antonio Caro y Miguel Ángel Rojas.
Según el reportaje de el diario El País, también fueron retirados afiches relacionados con Carlos Pizarro Leongómez, el tarjetón de la Séptima Papeleta —la iniciativa ciudadana que impulsó la Constitución de 1991— y muchas más fotografías. Como la de un muro dedicado a la diversidad cultural, social y política del país.
La variedad de estos materiales explica el alcance de la controversia. Se trata de documentos y objetos que permiten abordar derechos, conflictos y formas de participación ciudadana en Colombia. Al salir de exhibición, desaparecen del recorrido algunas de las referencias con las que el público puede interpretar esos procesos. De esa forma, se pierde el rastro de una historia que no merece ser callada.
Los museos también levantaron la voz
El rechazo reunió a los museos de arte moderno de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, junto con el Museo Rayo y el Museo de Arte Moderno del Tolima. En una declaración conjunta pidieron respetar la autonomía de los recintos. “Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas”, fue parte del discurso de rechazo.
ICOM Colombia se sumó después mediante otro pronunciamiento. El comunicado cuestionó la intervención y sus consecuencias para la autonomía de los museos. La protesta también llegó a la calle, con airadas manifestaciones frente al Museo Nacional.
La postura del Gobierno
El Gobierno defendió el retiro como parte de su anunciada“contrarrevolución. La un tanto denostada ministra Paola Holguín sostuvo que los museos públicos no deben servir como instrumentos de “adoctrinamiento político”. Ni difundir versiones sesgadas de la historia.
Holguín también afirmó que el Estado tiene el “deber moral y político” de impedir que los espacios culturales sean captados por lo que llamó “social-comunismo”. Su postura situó el debate en el terreno ideológico, mientras las instituciones culturales reclamaban independencia para su trabajo de curaduria.
En su respuesta al juzgado, el Ministerio negó que se tratara de censura y sostuvo que la medida correspondía a la gestión técnica, la variedad en las colecciones y algo bastante extraño llamando «neutralidad institucional».
Una orden para devolver las piezas
La discusión tuvo un nuevo capítulo el 28 de octubre, cuando el Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio y al Museo Nacional reinstalar las 63 piezas en un plazo de 48 horas, en las salas y lugares donde se encontraban. También les ordenó abstenerse de retirar obras por razones relacionadas con su contenido o el punto de vista que expresan. La información citada sobre el fallo no confirma que la reinstalación ya se haya concretado ni las consecuencias legales o civiles si no se llevan a cabo.
El tema deja una pregunta: ¿quién decide qué partes de la historia merecen permanecer a la vista? Unos objetos o piezas pueden incomodar, pero también permiten reconocer las experiencias de quienes durante mucho tiempo quedaron fuera del relato establecido por el poder.
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